Los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos locales dominicanos requieren de una mayor concertación y determinación de los poderes centrales, locales y de la sociedad civil

Autora: Alice Auradou

Reforma Municipal

La falta de transparencia en la administración de los escasos fondos públicos con los cuales se manejan los gobiernos locales dominicanos unido al incumplimiento de normas y procedimientos, a una autonomía fantasma, a gastos influenciados de forma clientelista, y a servicios entregados a la ciudadanía insuficientes o de mala calidad, conducen lógicamente al descontento y a la desconfianza ciudadana hacia las autoridades electas gobernantes. Precisamente es este círculo vicioso que se pretendió atender con el Programa PASCAL [1],  al que la Unión Europea dedicó alrededor 1000 Millones de Pesos Dominicanos, mediante esfuerzos combinados y responsabilidades de distintos sectores – decenas de entidades; entre Administración pública central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de la estrategia para revertir esta situación que ponía en peligro la gobernabilidad y el Estado de Derecho en su sentido más amplio en los municipios dominicanos, se puso  en marcha el SISMAP Municipal a principios del año 2015, convirtiéndose rápidamente en el sistema oficial del Estado dominicano para estimular la transparencia y una mejor gestión de los asuntos públicos municipales.

Además de otras virtudes del sistema, como la  identificación de las incongruencias en el marco jurídico aplicado a los gobiernos locales y la confirmación de la necesaria acción desconcentrada del Gobierno Central fuera de la Ciudad Capital para mejorar la calidad del gasto público en los territorios de vida, el SISMAP Municipal demostró ser efectivo para elevar los niveles de transparencia y de gestión básica de los Gobiernos Locales. Basado en mediciones de un conjunto de indicadores, el sistema no solamente monitorea estados de situaciones a modo de fiscalización sino que permite coordinar acciones inter-institucionales de entidades del gobierno central facilitando corregir prácticas e identificar brechas estructurales que requieren acuerdos y acciones conjuntas con responsabilidades compartidas: gobiernos locales, gobierno central y ciudadanos/as. Un ejemplo de ello puede ser  hacer realidad un sistema de carrera administrativa en los gobiernos locales que motorice la mejora de los servicios prestados a la población (recogida y disposición final de residuos sólidos,  espacios públicos seguros y limpios para la familia, servicios funerarios, etc.).

Con el SISMAP Municipal, los Gobiernos Locales están clasificados públicamente según un ránking y acceden a un financiamiento adicional a modo de premio.

Con el SISMAP Municipal, los Gobiernos Locales están clasificados públicamente según un ránking y acceden a un financiamiento adicional a modo de premio, que pueden destinar para mejorar la infraestructura o equipamiento de algún servicio. La ciudadanía tiene mayores facilidades para ejercer control social de la gestión, involucrarse en la administración del desarrollo de su municipio y ser parte del cuidado de lo público y del bien común. Y las entidades del gobierno central involucradas conocen sus propias limitaciones de actuación así como las reglas que trata de imponer sin resultado desde décadas en los municipios dominicanos por ser algunas, inaplicables.

Sin embargo, si bien el SISMAP Municipal incentiva los gobiernos locales a manejarse a partir de los estándares mínimos socialmente aceptables de transparencia, el mismo no resuelve lo principal y lo esperado por la población gobernada: servicios de calidad a la gente, independientemente de su sexo, religión, orientación sexual o de su “color político”.

Lamentablemente, en la actualidad los gobiernos locales dominicanos  por sí solos no tienen suficientes recursos ni autonomía, ni cuentan con suficiente legitimidad y apoyo ciudadano para solucionar los múltiples problemas y suplir las necesidades de la población, incluso las básicas. Mientras que para el gobierno central, si bien detenta los recursos necesarios, existe desconfianza en los gobiernos locales y además, está condicionado por su centralismo, careciendo de una estructura operativa desconcentrada que facilitara la conexión y coordinación con los municipios

El territorio nacional presenta serios desequilibrios reflejados en el mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas [2] y en las oportunidades de la población.  Estos desequilibrios y la magnitud de los problemas requieren ir más allá de los operativos solidarios o gremiales, sean puntuales o periódicos. Estos desequilibrios requieren de políticas públicas inclusivas, sumadas a conductas de la clase gobernante despegadas de las prácticas clientelistas. Estos desequilibrios se arreglan con servicios entregados a la población que responden a sus expectativas, con una relación costo-calidad equilibrada, para lo cual es necesario conductas ciudadanas colaborativas. En la actualidad, la (mala) calidad de los servicios justifica las denuncias y resistencias existentes en la sociedad dominicana en pagar por servicios.

Mientras este círculo vicioso no desaparezca, gracias a la  determinación y colaboración constructiva entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil, los servicios seguirán deficitarios, los niveles de desconfianza ciudadana altos y la gobernabilidad baja. Para revertir este círculo vicioso hace falta en primer lugar que la voluntad política – ampliamente expresada en ruedas de prensa y acuerdos de buenas intenciones – se manifieste en cambios de actitudes percibidos como tales por la población y reflejados en algunas mejoras de los servicios. Este primer movimiento, de responsabilidad de la esfera gobernante, es imprescindible para ir instalando en la población consciencias colaborativas y actitudes de cuidado y de protección y valorización de lo público con sus acciones cotidianas, incluyendo el pago por servicios.  Así se podrá  finalmente emprender una mecánica virtuosa de mejora de los servicios en su conjunto, elevando así la satisfacción ciudadana, la gobernabilidad y el Estado de bienestar de la población dominicana.

 

[1] Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales

[2] Publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).

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