A pesar del crecimiento continuo del porcentaje de personas migrantes en el mundo, la definición de un sistema de protección social transnacional es todavía incipiente.

Autoras: Verónica Redrobán Herrera y Daniela Paredes Grijalva

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Según Naciones Unidas, actualmente existen 214 millones de personas migrantes a nivel mundial, y para el año 2050 esa cifra se incrementará en casi un 50%. Si bien esta tendencia involucra a personas de todas las edades, hoy en día una de cada 8 personas tiene más de 60 años, y para el 2030 serán 1 de cada 6. Por otra parte, de acuerdo con el BID (2016), para el año 2050, entre el 47% y el 60% de los adultos mayores en América Latina y el Caribe, no habrá ahorrado lo suficiente para una vejez digna.

Si a esto se le suma el hecho de que una parte de esa población que llega a la vejez, ha vivido en diferentes países debido a procesos migratorios, ¿quién suplirá esa brecha? ¿serán los Estados donde han transcurrido sus vidas los que se hagan cargo de la seguridad social, los Estados de origen o serán sus redes personales las que la suplan?

La gran mayoría de las personas que deciden migrar, engrosan las filas de la población económicamente activa, lo que, teóricamente, les daría el derecho a prestaciones de seguridad social y de asistencia en salud, en caso de estar incorporados formalmente en el mercado laboral. Sin embargo, incluso para los trabajadores migrantes que se encuentran en situación regular, el acceso a la seguridad social, sobre todo a la jubilación, puede ser nulo o al menos limitado cuando no existen mecanismos de coordinación interestatal. Y la situación resulta aún más compleja para las personas que se encuentran en situación migratoria irregular o aquellas que se emplean en sectores laborales “informales” y que no disponen de ningún registro oficial de antecedentes laborales [1].

Así, la población migrante está expuesta a un doble riesgo de vulnerabilidad: primeramente al riesgo de perder la cobertura a la que tenían derecho en su país de origen, al no poder transferir ese derecho al lugar en el que reside actualmente, y adicionalmente, a los riesgos que conllevan el tener un limitado o nulo acceso a los sistemas de seguridad social en el país de destino.

La portabilidad, en tanto “capacidad de preservar, mantener y transferir derechos sociales obtenidos o en proceso de obtención, independientemente de la nacionalidad y del país de residencia del interesado” (AISS, 2011), resulta fundamental si se reconoce el creciente número de personas que viven sus vidas a través de fronteras nacionales.

Son varios los países a nivel mundial que han colocado a la portabilidad de derechos, como un asunto de interés a tratar dentro de la agenda migratoria internacional y que tiene estrecha relación con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990).

¿Cómo proteger a las personas en movilidad que a lo largo de su experiencia migratoria pagan aportes a diferentes sistemas de seguridad social?

Entonces, ¿cómo proteger a las personas en movilidad que a lo largo de su experiencia migratoria pagan aportes a diferentes sistemas de seguridad social? El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (2005) ha sido firmado por 22 países, y actualmente se encuentra vigente en nueve de ellos [2]. Este acuerdo regional permite que un trabajador migrante que aporta a la seguridad social en distintos países, pueda totalizar los períodos en todos ellos, incluso permitiéndole la jubilación en otro de los Estados parte.

Así se garantizan los derechos de acceso a la seguridad social a trabajadores migrantes del sector formal, sobre todo la garantía económica para la vejez al preservar todos los años de aportes de su vida económicamente activa.

Se estima que alrededor de seis millones de migrantes iberoamericanos se vean beneficiados por este convenio. La fecha más temprana de entrada en vigencia del convenio data de mayo del 2011 y la más reciente de agosto 2016, lo cual supone que aún es demasiado pronto para evaluar la efectividad de su aplicación. Pese a ello, vale la pena destacar el carácter del convenio, de aproximarse a una noción de ciudadanía iberoamericana, que reconoce la movilidad de las personas y facilita la garantía de sus derechos, particularmente sociales.

En este contexto, surgen varias interrogantes para explorar acerca de si este convenio puede abrir un camino para promover la generación de instrumentos jurídicos supranacionales que coordinen los esquemas de seguridad social para proteger a los trabajadores migrantes a niveles más amplios, por ejemplo, entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Resulta urgente la generación de políticas públicas que mejoren el acceso a la protección social durante las distintas etapas de la vida, en lo relativo a las transferencias sociales y las pensiones, para conseguir cerrar las brechas de desigualdad y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza en América Latina.

[1] Esta preocupación se agudiza al considerar el número creciente de personas migrantes, en especial de mujeres que trabajan en el servicio doméstico, sector económico en el que muchas veces no se cumple con todas las formalidades de empleo, entre ellas, la afiliación a los registros oficiales de antecedentes laborales (AISS, 2011).

[2] Estos 9 países son: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Uruguay, Paraguay y Portugal.

 

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