Dotar a empresas licitadoras con puntos adicionales por los contenidos socio-ambientales de sus propuestas no es la única opción para reforzar la sostenibilidad de la inversión pública

Autor: Luis Sánchez Torrente

Obra Bolivia

La inclusión de requisitos sociales y medioambientales en los procesos de compras y licitaciones públicas es una tendencia fuertemente consolidada en muchos países de habla hispana, así como en otras regiones del mundo, aunque aún con distintos niveles de desarrollo y alcance. Cada vez con mayor frecuencia las empresas licitadoras a proyectos de inversión pública o contratos de suministro han de atender a nuevas responsabilidades y requisitos que colocan al sector privado como un aliado privilegiado en la ejecución responsable de políticas públicas y proyectos de inversión.

En los últimos años una de las modalidades de estos requisitos que con mayor claridad se ha consolidado es la introducción de aspectos sociales y medioambientales dentro de los criterios de selección de las empresas licitadoras. De este modo, no es infrecuente la posibilidad de recibir puntuación adicional en proceso competitivo por el hecho de contar con certificaciones medioambientales adicionales, por contar con un porcentaje determinado de personas con discapacidad dentro de la plantilla, o por priorizar el uso de insumos y materias primas procedentes del país contratante.

Sin embargo, las posibilidades para dotar a un proyecto de inversión pública o un contrato de suministros de mayores cotas de responsabilidad socio-ambiental no se circunscriben al propio proceso competitivo, sino que existe una gran variedad de elementos regulatorios de una licitación que pueden contribuir a este fin. Cuenta de ello da el estudio recientemente publicado por la AECID[1], en el que se analiza una amplia muestra de pliegos de licitación en siete países de América Latina con particular atención a las cláusulas sociales y ambientales introducidas en proyectos de infraestructura pública. El estudio no solo provee una visión general sobre  prácticas habituales en la gestión sostenible de proyectos en la región, sino que aporta un amplio menú de posibilidades regulatorias que pueden servir como fuente de aprendizaje mutuo en el avance hacia sistemas de compras públicas más responsables y sostenibles.

Existe una gran variedad de elementos regulatorios que pueden contribuir a dotar a un proyecto de inversión pública  de mayores cotas de responsabilidad socio-ambiental.

Así pues, ¿qué otras fórmulas regulatorias y en qué aspectos y fases de una licitación pública pueden introducirse cláusulas de tipo social y medioambiental? De entre las más de 600 cláusulas identificadas en el estudio, la introducción de obligaciones y prohibiciones directas al contratista, ya desde la elaboración de los pliegos técnicos, es sin duda la fórmula más habitual de introducción de este tipo de elementos. Indudablemente, el abanico de posibilidades de este tipo de cláusulas es prácticamente ilimitado, si bien abundan las menciones a aspectos de seguridad laboral del personal de obras, requisitos específicos en la gestión forestal y de residuos, límites de emisiones y ruidos, acciones para la salvaguarda de restos arqueológicos, obligación de llevar a cabo consultas públicas, etc. Una modalidad de estas cláusulas particularmente destacable es el hecho de exigir dentro del equipo humano del proyecto la contratación de especialistas en cuestiones sociales y medioambientales, siendo frecuentes perfiles tales como sociólogos, arqueólogos, especialistas en riesgos laborales, biólogos, medioambientalistas, etc. En cualquier caso se trata de obligaciones y prohibiciones ya detalladas en los pliegos técnicos, y que una vez adjudicada la licitación pasan a formar parte de las obligaciones contractuales de la empresa adjudicataria.

Con bastante frecuencia se encuentran también cláusulas que remiten explícitamente a artículos o disposiciones legales del país que aplican directamente a las empresas contratistas, independientemente de su nacionalidad. Esta tipología de cláusulas, aun siendo meras remisiones a obligaciones de tipo legal, supone un refuerzo importante de la responsabilidad social y medioambiental, puesto que vienen a explicitar partes del ordenamiento jurídico del país no siempre conocido y respetado por las empresas licitadoras. Las remisiones a las leyes generales de protección ambiental son las más frecuentes, si bien también se encuentran menciones a leyes de consulta indígena, protección laboral, seguridad social, normas de expropiación, accesibilidad de discapacitados, etc.

Otra forma de introducir este tipo de aspectos es a través de ciertas directrices de diseño del proyecto, que sin ser obligaciones concretas exigibles, contribuyen a la sostenibilidad del mismo acotando ciertas actuaciones y priorizando ciertas opciones de mayor calidad. Así podemos encontrar directrices tales como la priorización de elementos menos agresivos con la calidad paisajística, la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad, opciones energéticas eficientes, uso de materiales sostenibles, etc.

En ocasiones, y dependiendo de la envergadura del proyecto, la introducción de cláusulas socio-ambientales puntuales resulta insuficiente para garantizar la gestión sostenible del proyecto, siendo más efectiva la elaboración de un plan integral socio-ambiental para los trabajos. Se trata de un documento extenso en el que se suele recopilar todas las obligaciones del contratista con respecto al impacto social del proyecto, la gestión medioambiental, las garantías laborales para los trabajadores, las normas anticorrupción o la protección de restos arqueológicos. En cuanto a la elaboración de este tipo de programas, no es infrecuente encontrar documentos ya extensamente elaborados y estandarizados por tipo de proyecto, si bien en ocasiones el propio contratista es el encargado de desarrollar el documento bajo ciertas direcciones generales recogidas en los pliegos técnicos. En cualquier caso, se trata de una práctica cada vez más extendida y que probablemente tienda a establecerse como requisito por defecto en proyectos de infraestructura pública.

Por último, la imposición de sanciones y la exigencia de garantías adicionales son otro tipo de fórmulas regulatorias también presentes en los pliegos de licitación, aunque con menor frecuencia. Respecto a las primeras, se pueden encontrar multas o incluso la suspensión del contrato por la comisión de negligencias medioambientales o por violaciones graves de los derechos laborales y condiciones de trabajo, mientras que dentro de las segundas son frecuentes la exigencia de seguros adicionales por riesgos ambientales y/o daños a terceros,  o la cobertura de responsabilidades de empresas subcontratistas.

Así pues, vemos que la consolidación de prácticas sostenibles en el ámbito de las licitaciones públicas pasa, no sólo por el incentivo o por premiar a las empresas que se postulan en un proceso competitivo, sino que existe un amplio menú de opciones regulatorias para la consecución de este fin. En este sentido, contar con un repositorio de cláusulas y ejemplos concretos implementados por diversas administraciones en varios países, tal y como recoge el reciente estudio de la AECID, es sin duda una potente herramienta para el aprendizaje mutuo y la identificación de oportunidades.

 

[1] Agencia Española de Cooperación Internacional

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