La falta de consenso por parte de los países sigue constituyendo un obstáculo para el desarrollo de una política de lucha más eficiente

Autor: Erika Rodriguez

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El pasado mes de abril tuvo lugar la Asamblea Especial de Naciones Unidas (UNGASS) para tratar el tema de la política de drogas. Una cita muy singular y relevante para la política global y para la política pública de muchos países. Como dato interesante esta Asamblea se celebró antes de los que estaba originalmente previsto (2019) por solicitud de tres países Colombia, México y Guatemala.

No es casual que estos tres países se hayan unido para solicitar que este tema fuera tratado con la mayor premura y nivel en el seno de las Naciones Unidas. Son tres de los países más afectados no solo por el cultivo, producción y tráfico de drogas ilícitas sino por la forma en la que hasta ahora se ha enfrentado el problema de las drogas en el mundo.

Desde los años sesenta se libra lo que se ha denominado como la “guerra contra las drogas”, esta guerra tomo entidad y marco normativo a nivel global  a través de tres documentos aprobados del sistema de NNUU.  La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Estos tres documentos se complementan entre sí y su interpretación por parte de los países más poderosos determinó una política de seguridad antidroga basada en dos premisas.

La primera es la idea de que existía una división en la relación de los países con las drogas. Por un lado estaban los países productores y por otro los países consumidores. La guerra contra las drogas asumió que la forma más efectiva de atacar el problema era luchar contra la oferta. Ahora bien, se reconoció que había una asimetría en esta forma de entender el problema y para subsanarla se desarrolló el concepto de corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Esto significa que aunque el grueso de la lucha se desarrolla en los productores, los países consumidores reconocen su responsabilidad y apoyan a los otros en el desarrollo de políticas de combate y en el coste de las mismas. Asimismo unos y otros países debían sumar esfuerzos para contener el tráfico internacional.

La segunda idea, es que las drogas debían y podían ser erradicadas, así, la Convención de 1998 asumió el lema “un mundo sin drogas”. Se creía que la erradicación de la oferta era viable.

A día de hoy la evidencia señala que estas dos premisas están erradas. En primer lugar la producción de drogas no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado. El consumo también ha aumentado y de hecho se ha difuminado la diferencia entre países consumidores y productores. Aunque los datos revelan que en los países ricos hay una estabilización del consumo en las economías de renta media y países en desarrollo se suman cada vez más usuarios.

También es notoria la ampliación de la oferta de substancias.  La guerra se planteó esencialmente sobre tres sustancias marihuana, opio y cocaína y los derivados de estas, sin embargo, a día de hoy comparten el cartel con las denominadas “drogas químicas” o de diseño, como el éxtasis, las metanfetaminas y otros productos de laboratorio que pueden ser elaborados en cualquier parte del mundo.

En segundo lugar, la forma en la que se desarrolló la guerra generó una serie de daños colaterales en los países productores que han llegado a poner en riesgo las estructuras estatales.  Cárceles llenas de jóvenes, miles de muertos, campesinos criminalizados, devastación ambiental.

La lucha contra los productores, favoreció la creación de carteles que como estructuras monopolísticas sin restricciones legales pueden controlar los precios y por tanto sus márgenes y tienen incentivos para mantener su poder por cualquier medio. El control de territorios, grupos de población y hasta de las funciones del Estado ha sido comprado poco a poco con las ingentes ganancias de la droga y su capacidad de imponer a sangre y fuego sus intereses.

Esta evidencia ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio de enfoque en la política mundial de drogas. Con ese fin se realizó la UNGASS en la que se discutió tanto en la Asamblea general de países como en foros alternos con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuales deberían ser las fórmulas para abordar el problema. En cierta medida el hemisferio occidental ha llegado a un consenso entre expertos y responsables de políticas públicas, según el cual es inminente la necesidad de apostar por un punto de vista sanitario en la lucha contra las drogas.

La erradicación del uso de subsistencias psicoactivas y/o adictivas parece inviable, más aun si se tiene en cuenta que el alcohol es la más utilizada de ellas.

La erradicación del uso de subsistencias psicoactivas y/o adictivas parece inviable, más aun si se tiene en cuenta que el alcohol es la más utilizada de ellas. Además las substancias psicoactivas, tienen usos muy relevantes a nivel industrial y sanitario, amén del consumo tradicional que se constituye un derecho de los pueblos originarios. Por esto se han planteado alternativas como las políticas de reducción del daño que buscan disminuir el daño que produce el consumo de drogas, tanto, a través de la concientización de la población, como, a través de la toma de medidas educativas, sanitarias y de atención social. No puede desconocerse la importantísima participación de las drogas inyectables en la transmisión del VIH, la hepatitis y otras enfermedades.

Sin embargo a pesar del consenso occidental y de los expertos en la materia el resultado de la UNGASS no fue claro, por un lado produjo una división del mundo en dos bloques. Por un lado occidente, dispuesto a un abordaje socio-sanitario y pragmático de la cuestión, por otro, oriente que se desmarcó de las conclusiones de la reunión para mantener el objetivo de acabar del todo con las drogas. Una postura en la que incluso algunos Estados justifican el uso de la pena capital.

Por otro lado, el resultado efectivo de la Asamblea fue una declaración algo ambigua en la que no se critica de forma abierta la “guerra contra las drogas” ni se declara abiertamente la necesidad de imponer el enfoque sanitario, pero que sin embargo abre la posibilidad a los Estados de interpretar las convenciones de forma autónoma. Esto quiere decir que se rompe el monopolio de la interpretación norteamericana, centrada en la seguridad nacional para pasar a unas lecturas ajustadas a las necesidades o contexto de cada país.

En términos globales los resultados son algo más sombríos, la falta de acuerdo global hace difícil luchar de forma unánime contra las redes criminales en todos los frentes, por ejemplo a través del control del blanqueo de capitales. Asimismo, mantiene en una situación de criminalización a millones de personas que necesitan tratamiento y atención social.

En conclusión, es importante entender que las drogas y toda la cadena de producción, distribución y consumo no son solo un problema de seguridad, y por tanto no pueden combatirse exclusivamente a través de la coerción. Son en esencia un problema que afecta el desarrollo y que incide directamente en él. En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, la política de drogas requiere una revisión y un esfuerzo por mejorar el dialogo y marco normativo global.

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