A pesar del desarrollo de la región y de sus avances en política social, la inseguridad sigue representando un obstáculo a los progresos.

Autor: Erika Rodríguez

América latina ha conseguido alcanzar importantes metas de desarrollo en la última década. Las economías crecieron de forma constante durante un buen periodo de tiempo lo que permitió hacer una expansión del gasto público en políticas sociales que permitieron mejorar los indicadores de pobreza, asimismo ha aumentado el acceso a los servicios públicos y ha mejorado la expectativa de vida de los niños al nacer.

La región en su mayor parte ha pasado a ser considerada “de renta media” lo cual supone que el volumen de la economía del país permite que los ciudadanos tengan un ingreso “medio” que les permite llevar niveles de vida decorosos. Sin duda, esto no implica una disminución de la desigualdad, pero sí que permite caracterizar a los países como capaces de generar recursos para solventar sus gastos y desarrollar política social.

Sin embargo, a pesar de los avances de la región los ciudadanos de América Latina viven con miedo. Según diversos indicadores los ciudadanos latinoamericanos consideran que la inseguridad ha aumentado y que la violencia y la inseguridad afectan sus actividades cotidianas.

EL Latinobarómetro revela que casi el 30% de los habitantes de la región considera que la inseguridad es el principal problema que afecta su bienestar, por encima del desempleo, la inflación o la provisión de bienes públicos básicos como la salud. Asimismo, según una encuesta de la CAF en 2013 un 60% de la población de las principales ciudades de América Latina piensa que la inseguridad se ha incrementado en los últimos cinco años.

No es solo una percepción, lo cierto es que la región ostenta el nivel más alto de homicidios por cada cien mil habitantes y esta estadística se ha duplicado en los últimos años en países como Venezuela, México, Honduras o el Salvador. La violencia suele acompañar al delito, los índices de victimización también muestran un empeoramiento de la situación de la región. EL 43 por ciento de los hogares bolivianos asegura haber sido víctima de un delito en los últimos doce meses, en Argentina les ha ocurrido lo mismo al 36% y en Paraguay hasta el 44%, según los datos del Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA.

Asimismo, la región es sede de importantes industrias criminales que alimentan la corrupción y en determinadas condiciones son generadores de violencia. El “narco” es quizás la más conocida, pero también hay presencia creciente de tráfico de seres humanos y ciberdelincuentes.

La inseguridad es un obstáculo para la vida de las personas porque limita su libertad, condiciona las decisiones que toman, desincentiva el emprendimiento y la inversión y además demuestra una incapacidad de los Estados para garantizar los derechos de las personas. Esto sin contar el rol del crimen organizado en la profundización de ciclos viciosos de debilidad y desestabilización del Estado.

Es necesario entender la inseguridad como un problema de gobernabilidad, en cuanto afecta la confianza de las personas en los gobiernos y las instituciones.

Es necesario entender la inseguridad como un problema de gobernabilidad, en cuanto afecta la confianza de las personas en los gobiernos y las instituciones lo cual hace que las sociedades tiendan a estar menos cohesionadas, a creer menos en la acción del Estado y en ocasiones a tomarse la justicia por su propia mano.

La seguridad ciudadana es en suma una cuestión de estado y como tal necesita que los estados tomen medidas inminentes en todos los frentes. Bien es cierto que esta es una guerra que debe plantearse a largo plazo. La inseguridad es el producto de una conjunción de factores propia de cada situación y debe abordarse de forma específica según las condiciones de cada país, pero con el suficiente respaldo regional que permita atajar su expansión a otras zonas o la impunidad. Esto último supone la necesidad de fortalecer los espacios regionales de cooperación y concertación, en Centroamérica hay avances relevantes, asimismo se ha mejorado la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, pero aún hay mucho trabajo por hacer para establecer bloques regionales de seguridad, especialmente de cara al control de nuevas amenazas.

Estudios como el publicado por CAF y otras experiencias del Banco Interamericano de Desarrollo muestran el impacto positivo que tienen a mediano y largo plazo la combinación de políticas públicas en materia de apoyo a la familia y la primera infancia, educación, ordenamiento urbano, acceso laboral, acceso a la justicia, regulación económica etc.

Este coctel, como ya se señaló debe adaptarse a los países, no hay una formula única,  y sobretodo no olvidar que la política social debe acompañarse con el refuerzo institucional que cree las capacidades necesarias para enfrentar el delito en el marco del Estado de derecho. También es necesario reflexionar sobre la importancia de la sostenibilidad de la política social. Si la lucha contra la inseguridad implica una inversión de mediano y largo plazo asimismo debe de estar contemplada en la previsión presupuestaria.

La actual situación regional demuestra que los remedios cortoplacistas no funcionan. En ese sentido, la seguridad es también una cuestión de planificación de marcos presupuestarios y de gestión estatal. El largo abandono del estado de los sectores periféricos o las fronteras (llámense, favelas, comunas o villas miseria) ha repercutido en altísimos costes militares y policiales para retomar el control y en la necesidad de políticas de choque difícilmente sostenibles, costes económicos y humanos que habrían podido evitarse.

Es claro que la región (y esto es una de las cosas en la que es posible generalizar en América Latina) no ha hecho una planificación ni de su crecimiento urbano, ni de la expansión de la política social a los niveles requeridos por su situación. Las herramientas de fortalecimiento de la gobernabilidad, como la mejora de la gestión pública, el desarrollo de capacidades y  la planificación se hacen inminentes, no ya porque lo requieran los organismos de control financiero y macroeconómico, sino porque su ausencia es en parte culpable de la situación de inestabilidad social e inseguridad. Solo la capacidad del estado de actuar en todos los frentes y de cumplir todas sus tareas podrá disminuir la oportunidad y la propensión al delito y todos sus costes asociados.

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